En plena precampaña del 29-N, la Fiscalía Anticorrupción no ha regalado un certificado de pureza al PSOE. Ha dicho otra cosa, más incómoda para Ferraz: ve indicios contra el partido en el caso Leire Díez. Y, al mismo tiempo, frena el reloj: considera prematura la imputación del PSOE como persona jurídica hasta que se practiquen diligencias pendientes. La primera de la lista, según fuentes jurídicas, es la declaración de Santos Cerdán.
No es un matiz de despacho. Es la diferencia entre “no hay nada” y “hay humo, pero aún no se ha tomado declaración a quien la instrucción sitúa en el núcleo”. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a la exmilitante Leire Díez, al propio Cerdán y a abogados, entre otros, por presuntas maniobras para obstaculizar causas judiciales que salpican al PSOE y al Gobierno.
Lo que pide el PP y lo que responde Anticorrupción
La acusación popular que lideran los populares pidió citar al PSOE como investigado por un paquete duro: cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, financiación ilegal y malversación. Pedraz emplazó a la Fiscalía a informar sobre esa petición y reclamó al partido la relación completa de letrados, despachos y consultorías contratados. Dos días después, el Ministerio Público contesta con un equilibrio cargado de significado político: indicios sí; imputación ya, no.
Según la cobertura de Cadena SER y agencias, Anticorrupción entiende que hay base para llamar al PSOE en calidad de persona jurídica, pero no en el calendario que marca la acusación popular el primer día de precampaña. Faltan piezas. Sobre todo, la versión en sede judicial de Cerdán, aún no citado a declarar.
Contratos, facturas y el artículo 31 bis
El hilo que más tensa al partido no es solo el relato de “fontanería”. Es el dinero y la estructura. Escritos previos de la Fiscalía hablan de contratación irregular favorecida por redes con la función pública y de una estructura paralela para neutralizar procedimientos. En ese marco, aparece indiciariamente perfilada la responsabilidad de miembros o cargos bajo la gobernanza del PSOE cuando Cerdán era secretario de Organización.
La gerente del partido, Ana Fuentes, habría declarado que tres encargos presentados como consultoría jurídica los ordenó Cerdán y que él validó su cumplimiento para pagar las facturas. Ahí entra el artículo 31 bis del Código Penal: la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando delitos como el cohecho o el tráfico de influencias se cometen en su seno y reportan beneficio a la organización. La Fiscalía también ha apuntado, en esa línea argumental, a fallos de control interno.
El PP sostiene que el partido sufragó gastos de la presunta organización por indicación de Cerdán: ofrecimientos a funcionarios, intentos de influir en testigos —la acusación menciona a Carmen Pano—, presión sobre la UCO y pagos a un medio afín, Crónica Libre, indiciariamente con cargo a subvenciones electorales por unos 20.000 euros según ese escrito. Otras coberturas sitúan en torno a 43.225 euros cantidades que Díez habría recibido canalizadas vía intermediarios. Son cifras e hipótesis de la instrucción y de las partes, no condenas firmes.
Precampaña con toga de fondo
El 29-N no congela los juzgados. Tampoco convierte un informe fiscal en veredicto. Pero el mensaje de Anticorrupción es difícil de maquillar en un mitin: el problema no es solo Leire Díez como figura suelta; el Ministerio Público contempla indicios que miran al partido. Que la imputación formal espere a Cerdán no limpia el expediente: pospone el momento en que Ferraz pueda tener que sentarse como persona jurídica.
Para la lectura liberal-conservadora el episodio resume una legislatura de desgaste institucional: mientras se discute vivienda y eslóganes de campaña, la Audiencia Nacional sigue el rastro de una presunta trama de influencia sobre la justicia. Indicio no es sentencia. Pero “prematuro” tampoco significa “inocente”. Significa que la película continúa, con el exsecretario de Organización en el centro del próximo acto.