La nueva ANIFI pone lupa al dinero sucio: más control financiero, más Estado y menos excusas

El Gobierno ha puesto sobre la mesa una reforma de esas que no llenan una plaza, pero sí pueden cambiar quién vigila el dinero cuando el dinero intenta esconderse. El Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta un anteproyecto para actualizar la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Traducido: menos ventanillas dispersas y una autoridad única mirando operaciones cada vez más digitales, más rápidas y más difíciles de seguir.

La pieza central se llamará Autoridad Nacional de Integridad Financiera, ANIFI. Según EFE y la referencia oficial de Moncloa, esta nueva autoridad administrativa independiente unificará competencias que hoy están repartidas entre el SEPBLAC y la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. Tendrá funciones de inteligencia financiera, supervisión, inspección, sanción y relación con la autoridad europea antiblanqueo, la AMLA.

La reforma llega con un diagnóstico claro: el marco español se queda viejo ante criptoactivos, estructuras societarias opacas y redes delictivas que ya no necesitan una bolsa de deporte para mover dinero. El Gobierno dice que quiere adaptarse al paquete europeo antiblanqueo aprobado en 2024 y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional. La pregunta política no es si hacía falta actualizar reglas. La pregunta es si el Estado será capaz de hacerlas funcionar sin convertir otra agencia en una placa bonita en una puerta.

ANIFI se construirá sobre la estructura del FROB. Eso tiene una ventaja evidente: aprovechar servicios y experiencia financiera en vez de empezar desde cero con la típica mudanza administrativa eterna. Pero también abre una lectura menos cómoda para la derecha liberal: se reorganiza una pieza sensible del Estado financiero y se financia con tasas sobre sujetos obligados sometidos a licencia, sobre todo entidades financieras y operadores de juego, además de una parte limitada de las sanciones. No sale directamente del bolsillo vía Presupuestos, pero tampoco es gratis para sectores regulados que ya viven con una carpeta de cumplimiento permanente encima de la mesa.

El anteproyecto incorpora nuevos sujetos obligados, refuerza la transparencia sobre la titularidad real y endurece requisitos de idoneidad para impedir que personas condenadas por blanqueo puedan ejercer como sujetos obligados o dirigirlos. En cristiano: saber mejor quién está detrás de una empresa, quién puede operar en actividades sensibles y quién no debería volver a tocar determinados botones después de una condena.

También hay una reorganización bancaria de fondo. La transformación del FROB simplifica el modelo de resolución: las funciones ejecutivas pasarán al Banco de España para entidades de crédito y a la CNMV para empresas de servicios de inversión. Moncloa lo presenta como eficiencia y alineación con recomendaciones internacionales. La lectura escéptica es sencilla: cada vez que el Estado redibuja competencias hay que mirar dos veces dónde quedan los contrapesos, quién sanciona, quién supervisa y quién responde si algo se atasca.

En plena legislatura atravesada por acusaciones de corrupción, el Gobierno quiere aparecer como quien limpia tuberías institucionales. La oposición, con el PP especialmente duro estos días sobre integridad pública, intentará venderlo como maquillaje. Ahí está el combate de relato. Pero el interés público no está en el eslogan de ninguno: está en que el blanqueo no encuentre grietas entre organismos, siglas y procedimientos que nadie entiende hasta que el escándalo ya ha estallado.

La ley aún está en fase de anteproyecto y pasa ahora a audiencia e información pública. Eso importa. No es una norma en vigor ni conviene venderla como una vacuna instantánea contra el dinero sucio. Es un arranque de tramitación. La política hará ruido. Lo decisivo será la letra pequeña: independencia real, medios suficientes, sanciones útiles, protección de datos, cooperación europea y capacidad técnica para seguir un dinero que ya viaja más rápido que muchos expedientes.