En el Congreso ya no solo se discuten decretos. Se discuten botes. La Mesa de la Cámara tratará el martes el inicio de un procedimiento sancionador contra la diputada del PP Ana Vázquez, la que sacó un espray de gas pimienta en el hemiciclo durante la sesión de control al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Fuentes parlamentarias adelantan el abanico: desde un apercibimiento hasta la suspensión temporal como diputada, al amparo del artículo 101 del Reglamento, el que habla de portar armas en el recinto.

El hecho es incómodo para todos. También para el PP. Porque el gesto político —denunciar la inseguridad en Ceuta— se enredó con un epílogo chapucero: un asesor del grupo manipuló el bote en los baños, se expulsó gas residual y 12 personas acabaron atendidas por los servicios médicos. Hubo zonas desalojadas. Hubo malestar real. Y hubo, después, la confesión a medias de la portavoz Ester Muñoz: “Mal. Es evidente”.

Lo que ocurrió, sin novela

El miércoles, la presidenta Francina Armengol llamó al orden a Vázquez y la obligó a abandonar el hemiciclo para entregar el espray a la Policía. El Congreso lo trata como arma: no se lleva al Pleno. Minutos más tarde, según el relato oficial y periodístico cruzado, alguien vació o accionó el spray en aseos; incluso una integrante de una delegación extranjera se sintió indispuesta. El PP acabó admitiendo la secuencia: Vázquez dijo que el bote estaba vacío, se lo pasó a un asesor “para que no hubiera una desgracia” y, al limpiarlo, salió lo que quedaba.

Hasta aquí, el error operativo es indudable. Nadie serio defiende intoxicaciones en los baños del Parlamento como método de debate. Si la Mesa abre expediente, no lo hace en el vacío: lo hace sobre un incidente con afectados y con un reglamento que prevé disciplina dura cuando entra un arma en la Cámara.

La parte que la mayoría quiere borrar

El problema es el relato único. Convertir todo en “el PP entró armado” sirve para el titular moral, pero deja fuera el motivo que Vázquez y Muñoz han repetido: mujeres y niños en Ceuta con botes de gas pimienta en la calle y en el entorno escolar, una imagen que el Gobierno, según el PP, niega o tacha de exageración mientras la ciudad vive una tensión migratoria de primer orden.

Se puede discutir si el espray en el hemiciclo era el vehículo adecuado. Se puede —y se debe— reprobar el vaciado en los baños. Lo que no cuadra es que la mayoría de la Mesa (PSOE y Sumar) convierta el castigo reglamentario en sustituto de la política de seguridad. Porque si Ceuta está al límite, el Congreso no se limpia la conciencia con un expediente a una diputada.

Muñoz ha ido más lejos y ha comparado el tono de Armengol —hablar de ir “armados” como si hubiera explosivos— con otras heridas del ciclo político. Ese choque dialéctico no borra el error del gas. Pero sí describe el clima: cada incidente se usa para tapar el anterior, y la frontera sur se discute como si fuera un atrezo de sesión de control.

Sanción sí, monólogo no

La derecha seria no debería hacer de Vázquez una heroína impermeable. Llevar un espray al Pleno y que después se disperse gas en los baños es un fallo de control interno del grupo. Punto. Si hay sanción proporcionada, el PP tendrá que tragarla sin victimismo barato.

Pero la izquierda de la Mesa tampoco debería disfrazar de pureza institucional lo que también es músculo de mayoría. El artículo 101 existe. La disciplina parlamentaria existe. La pregunta política sigue en pie: ¿el Congreso va a dedicar más energía a sancionar el símbolo que a exigir al Gobierno un plan creíble para Ceuta, retornos, asilo y seguridad cotidiana?

El martes se verá el primer movimiento del expediente. Puede quedar en apercibimiento o escalar a suspensión. Mientras tanto, el Gobierno sigue teniendo el problema de fondo en la frontera y el PP, el de no convertir una denuncia legítima en un espectáculo que se le va de las manos. El gas pimienta irrita ojos. La política española, de un tiempo a esta parte, parece empeñada en irritar lo demás: la seriedad.

Fuentes y contexto