La AIReF ha puesto una palabra fea encima de la mesa justo cuando el Gobierno intenta vestir de épica presupuestaria el final de curso: ajuste. Su informe del 15 de julio mantiene la previsión de déficit público en el 2,6% del PIB para 2026, o en el 2,2% si se excluye el gasto vinculado a la DANA y las borrascas. Y añade una advertencia incómoda: para cumplir la regla de gasto nacional harían falta medidas adicionales equivalentes a seis décimas del PIB en la Administración central y las comunidades.

EL PAÍS traduce esa cifra en más de 10.000 millones de euros. Es decir, no hablamos de una nota al pie para técnicos con calculadora, sino de una factura política de primer orden. El Gobierno presume de economía sólida, empleo y crecimiento; la AIReF no niega ese viento a favor. De hecho, el organismo eleva su previsión de crecimiento real al 2,5% para 2026 y la sitúa cerca del cuadro macro del Ejecutivo. El problema es otro: los ingresos van bien, pero el gasto corre más.

El techo de gasto suena bien hasta que llega la regla

El PSOE defendió esta semana, por boca de Patxi López, que el primer paso presupuestario supone un récord de recursos —226.000 millones— para vivienda, becas, transporte, reindustrialización o ciencia. Es un mensaje potente para un Gobierno que necesita enseñar músculo social antes de 2027. Pero la AIReF introduce el reverso de la postal: si el gasto neto se desvía de lo comprometido, la fiesta presupuestaria exige una explicación creíble de cómo se paga.

Desde una lectura liberal-conservadora, este es el talón de Aquiles del sanchismo presupuestario: anunciar grandes cifras es fácil; cuadrar reglas, socios y cuentas ya es otra liga. Más aún cuando las cuentas de 2027 serían, si salen adelante, las primeras de una legislatura que sigue funcionando con Presupuestos prorrogados de 2023. La parálisis parlamentaria no desaparece porque el Consejo de Ministros apruebe un techo de gasto.

Crecer no basta si el Estado se acostumbra a gastar más

La AIReF no dibuja una España al borde del precipicio. Ese no es el dato. Lo que señala es más frío y quizá más peligroso políticamente: con crecimiento, con recaudación favorable y con una economía que aguanta, el margen fiscal se estrecha. Si incluso en un momento razonablemente bueno cuesta cumplir la senda, la pregunta para el próximo Gobierno —sea del color que sea— es qué hará cuando el ciclo se tuerza.

El informe también recuerda que los planes económico-financieros de muchas comunidades no contienen, en general, medidas suficientes para sostener la contención del gasto computable en 2026 y 2027. Y apunta que la Administración central sigue sin presentar un plan cuando incumple la regla de gasto. No es una acusación penal ni una sentencia moral; es una señal institucional de que el marco fiscal se está empujando con el hombro.

El Ejecutivo puede responder que hay gastos excepcionales: defensa, crisis internacional, ayudas por catástrofes. Parte de eso existe y la propia AIReF contempla cláusulas de flexibilidad. Pero la política no puede vivir eternamente de excepciones. Si todo es extraordinario, nada obliga a priorizar. Y si nada obliga a priorizar, el presupuesto se convierte en una carta a los Reyes Magos con membrete oficial.

La pregunta de fondo no es si España debe invertir en vivienda, dependencia o ciencia. Claro que debe. La pregunta es si el Gobierno está dispuesto a explicar qué recorta, qué reforma o qué ingresos permanentes necesita para sostenerlo. Porque gobernar no es solo poner millones en un titular. Gobernar también es decir de dónde salen.