Si alguien en Moncloa contaba con que adelantar las elecciones pondría la justicia en pausa hasta el 30 de noviembre, el juzgado de instrucción 49 de Madrid acaba de contestar con agenda. El juez José María Escribano ha citado como testigos a la vicepresidenta tercera Sara Aagesen y a una lista larga de cargos y ex cargos del Estado por el rescate de hasta 475 millones a Air Europa. Fechas: 23 y 24 de noviembre. Es decir, la misma semana en la que España vota.
No es un titular de cotilleo. Es el recordatorio de que un préstamo público multimillonario de 2020 sigue vivo en sede judicial, con prevaricación administrativa en el centro de la instrucción y con el PP personado tras el rastro de la trama que salpicó a José Luis Ábalos y a Victor de Aldama.
Quién tiene que ir al juzgado
Según la providencia y la cobertura coincidente de varios medios, el 23 de noviembre, a partir de las 9.30, están llamados entre otros Aagesen, Ana de la Cueva, Pilar Paneque, responsables de SEPI y perfiles del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el órgano de la SEPI que dio el visto bueno a la ayuda. El 24 comparecen, también como testigos, Miguel Ángel González Suela (subsecretario del área de Aagesen), Carlos San Basilio, Pedro Saura, Manuel de la Rocha y el exdiputado Íñigo Errejón, entre otros.
El Mundo subraya un dato político difícil de maquillar: el frente alcanza a altos cargos en ejercicio —Aagesen, su subsecretario, De la Rocha al frente de la Oficina Económica de Moncloa, y responsables de instituciones como Correos, CNMV o Patrimonio Nacional según su trayectoria en 2020—. No estamos solo ante nostálgicos del BOE de la pandemia. Estamos ante gente que hoy firma, regula o representa al Estado y que entonces se sentó en la mesa del rescate.
Importa el matiz procesal: van como testigos, no como investigados. El único investigado destacado hasta ahora en esta pieza es Bartolomé Lora, expresidente de SEPI y hoy en la cúpula del holding público, citado en julio por un presunto delito de prevaricación administrativa. Lora reconoció reuniones previas con Globalia para «adelantar» trabajo antes de la apertura formal del expediente; negó irregularidades y trato indebido con Ábalos. Eso es lo que hay en el sumario público mediático. Ni más ni menos.
Por qué duele en campaña
Porque el relato sanchista del adelanto electoral vendía aire limpio y urnas. Y porque el rescate de Air Europa no es un abstracto de hemeroteca: fue la primera gran operación bajo el paraguas del fondo de solvencia, con Moncloa interesada —la presencia de De la Rocha en reuniones decisivas así lo pintan las crónicas basadas en actas— y con Transportes defendiendo la operación en el Consejo Gestor.
Aagesen, miembro permanente de ese consejo, sostiene que autorizaba sobre informes técnicos. Es su defensa y hay que consignarla. También hay que consignar que el mismo nombre aparece salpicado en otras piezas de rescates (Plus Ultra, Tubos Reunidos) en el relato judicial-periodístico. Citación como testigo no es condena. Pero en precampaña cada citación es un faro: ¿quién decidió qué, con qué prisas y con qué control real del dinero público?
La presencia de Errejón en la lista tiene otro ángulo. No formaba parte del Consejo Gestor; el juez le llama tras una pregunta parlamentaria de noviembre de 2020 en la que denunciaba la falta de condiciones medioambientales en la ayuda. Sirve, si acaso, para reconstruir el debate político contemporáneo al rescate. No convierte al exportavoz en gestor del préstamo.
La lectura de derecha, con freno de mano legal
Desde esta mesa no hace falta inventar mordidas ni dictar sentencia. Basta con lo ya investigado y lo ya calendarizado: medio millardo de euros públicos, un investigado en SEPI, actas de rescate, y ahora la cúpula económica del Estado llamada a explicar su papel seis días antes —o en la misma franja— de unas generales.
El PP presenta la causa como prueba de que el «escudo» de la pandemia también tuvo zona de sombra. El Gobierno preferirá hablar de solvencia de una aerolínea estratégica y de decisiones técnicas en 2020. Las dos narrativas chocan. El juez, de momento, no paraliza: cita.
Eso desmonta una expectativa tóxica de la precampaña: que convocar el 29-N equivalía a hibernar sumarios incómodos. Hay magistrados que no compran el calendario electoral como suspensión de hecho. Bienvenido sea el principio. Molesta, claro, a quien prefería debates de eslogan sin carpetas de SEPI encima de la mesa.
Qué no se puede decir (todavía)
No se puede dar por probado un cohecho concreto en esta pieza sin resolución firme. No se puede tratar a Aagesen, De la Rocha o Saura como condenados por comparecer como testigos. No se puede reducir el rescate a un chiste de «amiguetes» sin el soporte del sumario. Lo que sí se puede —y se debe— exigir es transparencia retrospectiva sobre 475 millones y coherencia: si el dinero público salió con sello de empresa estratégica, la rendición de cuentas no puede aparcarse porque haya mitin.
El 23 y el 24 de noviembre el juzgado pondrá nombres, horas y actas en la misma semana en que las urnas hablen. La democracia aguanta las dos cosas a la vez. Lo que no aguanta es fingir que un rescate de este tamaño es ruido de fondo.