No es un rumor de pasillo cualquiera. Según El País, dirigentes del PSOE y ministros del Gobierno creen que Pedro Sánchez debe convocar elecciones anticipadas si Junts mantiene el no a los dos decretos de vivienda que este viernes llegan al Congreso. La fecha que circula en esa conversación no es abstracta: el 29 de noviembre. Hay quien lo haría “hoy mismo” y quien prefiere mirar primero las manifestaciones del fin de semana y apretar el botón el lunes, antes de la ejecutiva federal ya prevista.
El detonante lo puso anoche la ejecutiva de Junts. Rechazó ambos textos, pidió retirarlos y exigir otro paquete “de inmediato”. Moncloa contestó en poco más de una hora con un no rotundo: los decretos se votan. Y soltó la frase que resume el choque: ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts “se retraten” entre la ciudadanía y los especuladores. El debate estaba convocado a las 11.00. La legislatura, de golpe, deja de parecer un trámite y vuelve a oler a urnas.
La lectura de izquierda es clara y no hace falta inventar trama. Después del desahucio de Maricarmen Abascal y de la acampada en Sol, el Gobierno sacó un paquete de choque —más protección frente a desahucios, prórrogas de alquiler, freno a fondos— sabiendo que el calendario apretaba. Podemos, pese a hablar de “migajas”, anunció el sí. La izquierda parlamentaria y buena parte de los socios se alinearon al menos en el decreto más amplio. El PNV dijo sí a ese primero y no al de renovación automática de contratos. Coalición Canaria también complicaba el segundo. En ese tablero, según el propio relato de El País, una abstención de Junts bastaba para sacar adelante al menos la pieza central. No bastó. Junts eligió el veto.
Ahí está el núcleo político. No se discute solo una enmienda técnica. Se discute si, con la calle pidiendo techo, el partido de Puigdemont prefiere el discurso de la oferta y el miedo a “expropiar ahorros” —su argumentario público— o el escudo mínimo que pedían sindicatos de inquilinas. El Gobierno lo ha dicho sin anestesia: o con las clases medias y trabajadoras, o con las élites. Junts responde que los decretos bajarían la oferta y subirían precios. Es un marco liberal clásico. El problema es el momento: lo formula cuando el malestar social ya no cabe en un tuit.
En Ferraz y en territorios el cálculo es otro. Varios pesos pesados creen que tumbar los decretos “daría una oportunidad” de ir a las urnas marcando agenda: vivienda en el centro, y no la crisis de Ceuta que llevaba semanas comiendo el relato. Un secretario general autonómico lo resume sin poesía: es la ocasión de reivindicar que el Ejecutivo atendió a la calle frente a la “insensibilidad” de las derechas. Un alcalde de capital añade la frase que duele a Moncloa desde hace meses: mejor pelear el eje de los alquileres que seguir atrapados en la frontera sur.
El círculo del presidente, siempre según esas fuentes, da por sentado que, si nada cambia, España irá a elecciones “al 99%” antes de fin de año, y no en 2027 como venía repitiendo Sánchez. Ojo: eso no es BOE ni decreto de disolución. Es presión interna y lectura de derrota parlamentaria anticipada. Pero la cifra del 29 de noviembre ya viaja de despacho en despacho. Y cuando una fecha entra en el lenguaje de los cuadros, la legislatura empieza a contar atrás aunque el BOE aún no lo diga.
Hay que ser honestos con lo que aún no sabemos. Mientras se escribe esto, el pleno puede deparar un último giro: un cambio de Junts, una abstención de última hora, un empate técnico de apoyos. Nadie debería vender como hecho consumado lo que todavía se vota. Lo que sí es hecho es el veto anunciado, la negativa del Gobierno a retirar los textos y el corrimiento del debate socialista hacia el adelanto. También es hecho que la amnistía sigue su camino en el Constitucional y que el regreso de Puigdemont se acerca en el calendario independentista: Junts aprieta justo cuando más margen creía tener.
Para la mesa de izquierda el mensaje al lector es directo. Si caen los decretos, no cae solo un papel del Consejo de Ministros. Cae la idea de que este Congreso, tal como está, puede dar respuesta rápida a la emergencia del alquiler. Queda el recurso de las urnas —si Sánchez lo decide— y la pelea de relato: ¿quién bloqueó el escudo y por qué? PP y Vox ya estaban en el no. La novedad amarga es Junts ocupando el mismo lado del pasillo en la pieza que más importaba a la base social del bloque de investidura.
Mientras tanto, en Sol la acampada sigue y el Congreso se blinda. La política española vuelve a su costumbre: improvisar el techo del país en un pleno extraordinario y, si falla, mirar al calendario electoral. El 29 de noviembre no es todavía una convocatoria. Es un aviso. Y el aviso dice que la vivienda ya no cabe en el cajón de “lo hablamos en 2027”.